La calma en la comuna costera se rompió. Dos concejales en ejercicio están bajo la lupa por hechos que, aunque distintos, se unen en un patrón inquietante: silencio, omisiones y contradicciones que sacuden la confianza ciudadana. Lo que parecía política rutinaria ahora se transforma en un terremoto de credibilidad que golpea de frente al Concejo Municipal y nuevamente a una autoridad de la Municipalidad de Puchuncaví.
El crimen que nunca se mencionó
31 de diciembre de 2014 – La Greda, Puchuncaví.
La cuenta regresiva para el Año Nuevo se rompe con un acto atroz: un adulto mayor de 82 años es asesinado en su vivienda y su esposa sufre un ataque brutal donde le cortan su lengua. El autor, un joven de 19 años, es detenido pocas horas después y, en 2016, condenado a presidio perpetuo por robo con homicidio y robo con lesiones graves, en prisión por 40 años.
Ese joven, es hermano de Rosa Berríos Lecaros, actual concejala de Puchuncaví.
En su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) —documento exigido a toda autoridad para transparentar vínculos que pudieran afectar su independencia—, Berríos omitió por completo este antecedente familiar.
Expertos en transparencia advierten que la omisión genera un dilema ético: “La ciudadanía tiene derecho a conocer todos los elementos que puedan influir en el actuar de una autoridad, incluso los que ella considere incómodos”, señala un exfuncionario de la Contraloría consultado para este reportaje.
A continuación alguno de los medios de comunicaciones que dieron a conocer la noticia en su momento. Que muestran evidencia de ello.
Domicilios irregulares y doble discurso
En la misma DIP, Berríos declara como domicilio una propiedad ubicada en un loteo irregular, es decir, un terreno sin urbanización autorizada y fuera de norma.
Lo contradictorio: en múltiples sesiones del Concejo Municipal ha exigido “FISCALIZAR” contra tomas ilegales y terrenos irregulares.
Para los dirigentes vecinales, se trata de un doble estándar que pierde su credibilidad: “No puede predicar contra las irregularidades si vive en una”, afirma un dirigente de la población La Greda.
A continuación el video donde ella indica que se fiscalicen los loteos y tomas ilegales, en concejo municipal, en sesión extraordinaria, día viernes 8 de agosto de 2025.
Por otra parte, esta investigación verificó —a través de registros del Servicio de Impuestos Internos— la ubicación exacta de la propiedad declarada por la concejala en su Declaración de Intereses y Patrimonio publicada en la página de la Contraloría General de la República.
Según dichos registros, la propiedad se encuentra en Calle Iquique, sector La Chocota, comuna de Puchuncaví.
La revisión de la información catastral arrojó que el terreno corresponde a un loteo irregular, situación que contradice el discurso público de la autoridad sobre la necesidad de sancionar tomas y ocupaciones ilegales.
Se adjuntan fotografías de la propiedad obtenidas a través de Google Maps y capturas de pantalla del portal del Servicio de Impuestos Internos, donde se consigna su condición irregular. Toda esta información es de carácter público y puede ser consultada por cualquier ciudadano que lo desee.


El concejal que no declara
Agustín Valencia García, exalcalde y actual concejal, enfrenta una acusación más directa: no presentó su Declaración de Intereses y Patrimonio en los plazos que establece la Ley N.º 20.880 sobre probidad pública.
La Contraloría confirma que esta omisión es sancionable y puede derivar en multas, suspensión o incluso pérdida del cargo si el Tribunal Electoral Regional (TRICEL) así lo determina.
Al cierre de esta investigación, Valencia no ha entregado públicamente explicación alguna.
Para ver públicamente las declaraciones deben ingresar a este link, y revisar: https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=478
Nepotismo bajo sospecha
El caso Valencia tiene un segundo componente: su hija es la actual directora del CESFAM de Las Ventanas, dependiente del mismo municipio donde él ejerce como concejal.
Si bien no existe una prohibición legal expresa en todos los casos, especialistas en ética pública sostienen que se configura un posible conflicto de interés: “Cuando un familiar directo ocupa un cargo relevante en la misma institución, existe riesgo de influencia indebida o de toma de decisiones condicionadas”, explica un abogado experto en derecho administrativo.
El patrón común
Aunque distintos en naturaleza, ambos casos presentan un denominador común: omitir información clave y manejar selectivamente los datos que podrían incomodar a la ciudadanía.
Este patrón erosiona la confianza pública y deja la impresión de un Concejo más preocupado por blindarse que por transparentarse.
La calle opina
En entrevistas a vecinos y dirigentes, la indignación es palpable.
“No se trata de culpar a alguien por lo que hizo un familiar, sino de tener la honestidad de decirlo. Y en el caso de Valencia, si no presenta su declaración, ¿qué quiere ocultar?”, comenta un dirigente vecinal que pide reserva de identidad.
Otro vecino de Ventanas resume la sensación:
“Aquí todos sabemos lo que pasa, pero ellos se creen intocables. Ya no es cuestión de política, es cuestión de decencia”.
Denuncias en curso
Organizaciones locales confirmaron a este medio que esta semana ingresarán denuncias ante la Contraloría General de la República, solicitando:
- Fiscalización del incumplimiento de la Ley N.º 20.880 por parte de Valencia.
- Investigación sobre un eventual conflicto de interés por la designación de su hija como directora del CESFAM.
- Revisión de la DIP de Berríos por omisiones relevantes y contradicciones en su domicilio declarado.
El desafío de la transparencia
En Puchuncaví, el silencio ya no es prudencia: es evidencia.
La pelota está en la cancha de la Contraloría y del TRICEL, que deberán decidir si actúan con rapidez o si dejan que este sea otro capítulo más en la historia de una política local donde los escándalos se olvidan antes de que se sancionen.
Preguntas que quedan en el aire
¿Por qué Rosa Berríos decidió no transparentar un antecedente familiar tan impactante para la historia de Puchuncaví?
¿Puede una autoridad exigir fiscalizar contra los terrenos irregulares cuando declara vivir en una propiedad en situación irregular?
¿Qué está ocultando Agustín Valencia al no presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio en los plazos legales?
¿Fue el nombramiento de su hija como directora del CESFAM de Las Ventanas producto de un proceso objetivo o de influencia política?
¿Actuará la Contraloría con la misma rapidez que exige la ciudadanía o este caso quedará en el olvido?
En Puchuncaví, el silencio dejó de ser prudencia: ahora es la principal evidencia.
Excelente investigación periodística,basta de concejales sinvergüenzas ,seguir investigando a los restantes.
Hola y aun no averiguas que esta pasando con las propiedades en maitencillo.Ahi si que hay un escándalo.